Registro de franquiciadores España noviembre 28, 2022

Registro de franquiciadores España

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El Registro de Franquiciadores es un organismo público administrativo que venía funcionando en España como principal mecanismo de información sobre la situación de las franquicias. En el ámbito administrativo, dependía de la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Sin embargo, el requisito de inscripción en el Registro ya no se aplica a los franquiciadores, ya que la Secretaría de Estado de Comercio suspendió su actividad en marzo de 2018. En su comunicado, el Ministerio admite que existen problemas técnicos que impiden el correcto funcionamiento y la plena prestación de sus servicios.

De ahí que ninguna empresa pueda ser objeto de sanción por este motivo. Por tanto, se deduce que el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto, que establece que la falta de comunicación de datos transcurrido el plazo de 3 meses dará lugar a la correspondiente sanción, ya no es aplicable. Ninguna empresa puede ser sancionada de acuerdo con el régimen sancionador previsto en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

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Año tras año el sector de la franquicia en España ha ido creciendo con nuevas marcas, más puntos de venta y más puestos de trabajo creados. Según los datos publicados por la Asociación Española de Franquiciadores, en 2020 había un total de 1.381 marcas franquiciadas en funcionamiento en España, y aunque la pandemia puede haber tenido un impacto en el sector de la franquicia en 2021, no cabe duda de que éste ha sido temporal y que la franquicia continuará su expansión en 2022 y en adelante.

De las 1.381 marcas franquiciadas que operan en España, un total de 249 marcas proceden de otros países, destacando Francia (con 56 marcas), Estados Unidos (con 46 marcas), Italia (con 44 marcas) y Reino Unido (con 16 marcas).

Los franquiciadores pueden operar en España sin estar registrados como franquiciadores y sin necesidad de inscribir sus acuerdos de franquicia en el Registro de Franquicias. La anterior legislación de franquicias en España exigía dicho registro, pero esta obligación se eliminó en 2018 para eliminar la burocracia innecesaria y facilitar la expansión de la franquicia en el país.

Registro de franquiciadores España 2022

Título en el idioma original: Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.

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La actividad comercial en régimen de franquicia, desarrollada mediante los denominados acuerdos o contratos de franquicia, suele mejorar la distribución de productos y la prestación de servicios, ya que ofrece la posibilidad de crear una red de distribución uniforme mediante inversiones limitadas, lo que facilita la entrada de nuevos competidores en el mercado, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, con el consiguiente aumento de la competencia entre marcas. Al mismo tiempo, permite a los comerciantes independientes poder establecerse más rápidamente y, en principio, con más posibilidades de éxito que si tuvieran que hacerlo sin la experiencia y la ayuda del franquiciador, abriendo así la posibilidad de competir más eficazmente con otras empresas de distribución.

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La Comisión Europea es la rama ejecutiva de la Unión Europea, responsable de proponer la legislación, aplicar las decisiones, mantener los tratados de la UE y gestionar el día a día de la UE. Por lo tanto, entre las naciones de la UE, el concepto de franquicia se toma del Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE). En 1988, la Comisión Europea definió el “concepto de franquicia” y el “contrato de franquicia” en el artículo 85 (3) del Tratado para clasificar los acuerdos de franquicia.

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“Un acuerdo por el que una empresa, el franquiciador, concede a la otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación económica directa o indirecta, el derecho a explotar una franquicia para la comercialización de determinados tipos de bienes y/o servicios”.

El TJUE dictaminó que los franquiciados debían ser una empresa independiente. Por lo tanto, los franquiciados debían aprender los conocimientos técnicos del franquiciador, utilizar su marca, tener una cláusula de no competencia razonable y pagar cánones al franquiciador. Las recomendaciones de precios hechas por el franquiciador no estaban prohibidas siempre que no fueran obligatorias.